Los guardias civiles llevarán a Marlaska ante los tribunales si les obliga a borrarse los tatuajes

Los guardias civiles esperan con inquietud el dictamen del Consejo de Estado sobre la nueva norma de uniformidad impuesta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que obligaría a muchos agentes del cuerpo a eliminar sus tatuajes que puedan ser visibles portando el uniforme. En caso de que la medida del Ministerio salga adelante -incluso con un pronunciamiento en contra del Consejo de Estado-, la principal asociación profesional de la Guardia Civil tiene previsto llevar al ministro ante la Justicia para revertir su decisión.

Así lo advierten desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), cuyos servicios jurídicos admiten que «si el Real Decreto que se publique en el BOE obliga a los compañeros a someterse a una intervención para quitar el tatuaje, recurriremos». Están dispuestos a llegar hasta el final en caso de que Grande-Marlaska mantenga la redacción de la norma que envió para su consulta al Consejo de Estado.

En el caso de que los tatuajes se hayan grabado en cuello, mano o cabeza, la norma directamente dice que no están permitidos «cualquiera que sea el motivo o expresión que reflejen». En ese caso, los agentes tendrán un año para eliminarlos de su piel o serán expulsados.

Esas intervenciones, que deberán pagar de su propio bolsillo, se basan en técnicas como el borrado láser o la dermoabrasión (la eliminación se realiza mediante un lijado de la piel). Sí se permite, en cambio, que sean visibles en brazos y piernas vistiendo el uniforme de uso general de la Guardia Civil: son similares a los que lleva el propio ministro en su antebrazo derecho.

La normativa prohibirá, además, todo tipo de tatuajes si incluyen expresiones o imágenes «contrarias a los valores constitucionales, autoridades o virtudes militares». Además, se prohíbe cualquier marca en la piel que contenga «motivos obscenos o inciten a discriminaciones de tipo sexual, racial, étnico o religioso, o inciten al odio».

La pospuso y la recuperó

En septiembre de 2018, el ministro decidió retirar el borrador de la norma, que también incluía la prohibición a los guardias civiles de llevar tatuajes visibles. Les obligaba a tapárselos o a someterse a intervenciones para su eliminación y establecía un plazo de tres meses. El texto, que también regulaba el corte de pelo, el bigote o la barba e impedía las rastas o las cabezas rasuradas, provocó un fuerte choque con las asociaciones representativas de la Benemérita. El texto quedó aparcado.

Desde entonces, Marlaska ha ido posponiendo la aprobación definitiva en busca de un pacto con todos los afectados. Sin embargo, la última versión de la norma, a la que tuvo acceso OKDIARIO, provocó una nueva polémica. En una disposición transitoria única, se recoge que «quienes porten tatuajes en las manos, cabeza y cuello deberán ocultarlos por completo cuando vistan el uniforme de la Guardia Civil, concediéndose el periodo de un año para su completa eliminación».

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) asegura que esta redacción endurece las condiciones de los últimos borradores. Critican que Marlaska es «incapaz de atender los principales problemas que afectan a los agentes», como «la conciliación laboral, el reparto justo de la productividad o el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial».